La Agencia Central de Información (CIA) de Estados Unidos estuvo implicada en 1978 en el atentado con botellas de vino envenenado enviadas a dirigentes del Partido Nacional que le costó la vida a Cecilia Fontana de Heber, admitió el coordinador del organismo de desclasificación de archivos estadounidense, según publica el portal Ir21.
Scott Koch, coordinador del Freedom of Information Act (FOIA), informó a los patrocinantes del caso denunciado ante la Justicia uruguaya por el ex senador Carlos Julio Pereyra, que existen documentos secretos sobre el episodio, pero por «interés de la defensa nacional y política exterior» no serán desclasificados, seún lo publicado en https://www.lr21.com.uy/
Koch realizó la insólita confirmación en una carta fechada el pasado 6 de junio en la que respondió negativamente a un pedido del abogado Javier Barrios Bove, quien había solicitado al FOIA la desclasificación de todos los documentos secretos que pudieran referirse al caso de los vinos envenenados.
El 6 de setiembre de 1978 Cecilia Fontana, madre del hoy senador Luis Alberto Heber, murió envenenada al beber vino de una de tres botellas que días antes habían sido anónimamente enviadas a su esposo Mario Heber, a Carlos Julio Pereyra y a Luis Alberto Lacalle, miembros del Directorio blanco.
El coordinador del FOIA explica que ante el pedido de los denunciantes uruguayos se hizo «una exhaustiva búsqueda de registros y hemos ubicado material que entendemos debe ser considerado como secreto y por lo tanto denegada la liberación de la totalidad del mismo».
La carta firmada por Scott Koch agrega que la negativa al pedido de desclasificación de documentos referidos al caso de los vinos envenenados está encuadrada en dos artículos de las bases de exenciones por las que el FOIA no acepta revelar documentos secretos.
El primero de esos artículos de exención es el denominado «(b)(1)» que, según explica el propio Koch es un anexo, «se aplica a material que debe considerarse como clasificado por disposición ejecutiva, en interés de la defensa nacional y política exterior.»
El segundo artículo, el «(b)(3)», «se aplica a información cuyas fuentes y métodos de Inteligencia deben ser preservados de divulgación por parte de la Dirección de la CIA, así como la organización, funciones, nombres, títulos oficiales, sueldos o cantidad de personal empleado por la Agencia, de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y/o la Ley de la CIA de 1949″, confiesa.
El esclarecedor documento del organismo implementado por la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, al que pudo acceder LA REPUBLICA, fue entregado el viernes 27 de julio en el Juzgado penal de 9º Turno, donde la jueza Gabriela Merialdo instruye el caso.
En su indagación la doctora Merialdo ya realizó una serie de interrogatorios testimoniales entre los que declaró LA REPUBLICA debido a una serie de artículos de investigación que revelaron nuevas pistas sobre el caso de los vinos envenenados.
Entre los aportes periodísticos se incluyó una entrevista realizada en 2002 al ex agente uruguayo Mario Ronald Barreiro Neira, preso en una cárcel de Porto Alegre, quien señaló la participación de servicios de Inteligencia uruguayos en el atentado y reveló el nombre del médico que habría envenenado los vinos.
El testimonio de LA REPUBLICA ante el juzgado también incluyó los datos obtenidos por un informante directo referentes a una lista de agentes de Inteligencia policial que cobraban dinero de la Embajada de Estados Unidos y habrían tenido participación en la planificación y ejecución del atentado.
La posibilidad de que agentes de Inteligencia estadounidenses estuvieran directa o indirectamente implicados en el crimen de Cecilia Fontana de Heber era una hipótesis que manjeó el ex agente de Inteligencia José Calace, en su libro «15 años en el infierno», señala la participación de la embajada estadounidense en el tema y en una entrevista con La República la existencia de «estímulos» económicos.
Las investigaciones avanzaron en el tema por fuentes que integraron el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), las cuales admitieron que el caso de los vinos envenenados fue un trabajo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) policial. Los informantes de la OCOA explicaron que el operativo fue solicitado por la embajada estadounidense a «su» agente uruguayo, comisario Hugo Campos Hermida, entonces al frente de la Brigada de Narcóticos. Campos Hermida fue, paradójicamente, el encargado de indagar el homicidio de la señora de Heber.
Las tres botellas de vino envenenado fueron enviadas a fines de agosto de 1978 con tres esquelas en las que decía: «El jueves 31 al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa» y llevaba la firma «MDN». Ninguno de los dirigentes políticos abrió entonces su botella.
El anónimo brindis fue relacionado en la época con rumores y negociaciones para una eventual destitución del entonces presidente Aparicio Méndez, quien supuestamente sería sustituido por un «triunvirato» integrado por un dirigente blanco, uno colorado y un militar. Esa «salida» a la dictadura habría sido discutida en la reunión de doce horas que ese 31 de agosto mantuvo el Consejo de Seguridad Nacional, pero de esa extensa sesión del Cosena (de la que no se han encontrado actas) no surgió más que un pequeño aumento a los funcionarios públicos.
Aquella supuesta salida política no habría sido bien vista por el Departamento de Estado estadounidense, que desde ese año comenzaba a preocuparse por la insurgencia centroamericana y tenía interés en mantener el «orden» en el Cono Sur a través de las dictaduras ya instauradas.
Por Ventura Roman
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