Cuatro propuestas en relación a lo que se entiende por problemas de seguridad en la sociedad uruguaya fueron presentados desde la organización Siembra el viernes 2. Se las relacionó expresamente con el actual período electoral en la presentación del trabajo, realizada por Ana Juanche: consultora, investigadora y docente.
El trabajo se tituló provocativamente «Acá también el agua hierve a cien grados», en rechazo a la excepcionalidad del caso uruguayo, que se suele argumentar ante la presencia de problemas regionales.
Con ese criterio en mente, se organizó el trabajo desde febrero de 2023 de un grupo de personas con diversas experiencias en la academia, la sociedad civil organizada, la gestión pública o privada en los ámbitos nacional e internacional. El grupo estuvo integrado por Ana Juanche, Carolina Camilo, Diego Grau, Edison Lanza, Eduardo Pirotto, Federico Laca, Gabriela Valverde, Gustavo Pérez Vilche, Inés Bausero, Jhon Manzzi, Jorge Díaz, Juan Faroppa, Julio Calzada, Luis Parodi, Marcos Baudean, Mario Layera, Martín Uiró, Milton Romani, Myriam Coitinho, Natalia Sueiro, Paulo Costa, Rafael Sanseviero, Ricardo Gil, Ricardo Pérez, Robert Tarocco y Victor Abal.
Siembra se define como «un ámbito de construcción colectiva, militante, que -en un marco de investigación/acción- contribuye a hacer posible lo necesario». El objetivo del trabajo fue declaradamente contribuir a la agenda pública sobre la convivencia democrática.
«Conforme se desenvolvió la reflexión, se abrió paso a una reelaboración de esos problemas, como necesidades colectivas de fortalecimiento de la convivencia democrática y contención de las violencias», se afirma en el documento. El propósito declarado es «contribuir a la formulación de políticas públicas integrales que promuevan aspectos relevantes para nuestra sociedad, aportar a los desafíos que enfrenta hoy la construcción colectiva de la convivencia democrática y que afecta la calidad de vida de la población y con ello, la fortaleza del sistema democrático.»
El documento fue comentado por Denis Merklen: sociólogo, profesor e investigador en la Sorbona, y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina, y por Juan Pablo Luna, politólogo, profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se puede acceder a él en su totalidad en https://siembrasur.uy/documentos/publicaciones/aca-tambien-el-agua-hierve-a-100-grados .
Respecto del primero de sus cuatro temas, el lavado de activos, corrupción, y crimen organizado, se parte del reconocimiento de los déficits y fortalezas existentes, y se proponen directrices e iniciativas de política pública, para redefinir las prioridades del Estado en el plano programático y reorientar las prácticas institucionales hacia la más eficiente prevención y persecución de la economía criminal.
Entre otras propuestas, se plantea redefinir los consensos políticos para actualizar la doctrina y las estrategias para enfrentarla, con especial atención en las formas de cooptación tanto de sectores sociales vulnerables como de agentes relevantes. También, fortalecer a las instituciones encargadas de la acción preventiva y represiva de la circulación de mercaderías y dinero de la economía criminal, el lavado de activos, la corrupción pública y la privada. Y asimismo, el despliegue de inteligencia e investigación preventiva al tiempo que se robustecen los mecanismos de transparencia y se amplía el control sobre el financiamiento de la actividad política.
En relación al sistema de justicia, plantean que éste debe ser concebido en su carácter de política pública. Eso involucra no sólo a la satisfacción de los requerimientos de las personas usuarias, sino también la necesidad de una estructura institucional y operativa que, a partir de la racionalización de los recursos disponibles, asegure la mejora continua de esta política pública en general, y de una gestión clara, cercana, humana, que genere confianza en todos los sectores de la sociedad, en particular. Ello implica el monitoreo y la evaluación continua de los procesos internos y externos, para asegurar y transparentar la toma de decisiones adecuada y oportuna, eficiente y eficaz. Y se recalca que un sistema de justicia de calidad debe ser transparente, estar sujeto al control ciudadano y rendir cuentas respecto de sus acciones.
Es, a juicio de los redactores, el Poder Legislativo quien debe retomar la iniciativa para garantizar, mediante una norma de jerarquía legal, las garantías de los procesos de convocatoria, postulación y selección, de todos los funcionarios/as del Poder Judicial, en especial, quienes ejercen función jurisdiccional, como ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), jueces y juezas de Paz y Letrados. También, en aras de la mayor transparencia democrática, ese proceso debe abarcar a quien ejerza como titular de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, así como a todos/as los/as funcionarios/as institucionales. Este proceso debe tener etapas definidas y con libre acceso a la información sobre las diferentes postulaciones.
La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación es una entidad que ha demostrado la importancia de dar apoyo a quienes son víctimas del delito o que deben testificar durante el juicio. Resulta indispensable fortalecerla.
En cuanto a la política pública de administración de las medidas cautelares y de ejecución penal, el documento hace hincapié en que la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación es una entidad que ha demostrado la importancia de dar apoyo a quienes son víctimas del delito o que deben testificar durante el juicio. En consecuencia, afirma, resulta indispensable fortalecerla.
Respecto del crecimiento de la población penitenciaria, éste ha sido desigual según el género. Las mujeres privadas de libertad crecieron tres veces más que los varones en 2021 y dos veces más, en 2022. La literatura señala que, tanto a nivel mundial como nacional, parte de este crecimiento diferenciado se relaciona con el endurecimiento de las leyes de drogas y con una mayor persecución a estos delitos. Al tiempo que creció la población privada de libertad, que actualmente es de unas 15.800 personas, también aumentó la cantidad de medidas alternativas al encarcelamiento que, a la fecha, es cercana a 9.800.
La sobrepoblación carcelaria excede el límite de 120 % establecido por los estándares internacionales, y el colapso de su infraestructura mes un hecho. Como consecuencia del sobreuso y la imposibilidad de refaccionar y construir nuevas instalaciones al ritmo del crecimiento de la población penitenciaria, se agrega una estructura de recursos humanos insuficiente para atender a la cantidad de población encarcelada y poco calificada para la función de rehabilitación; una débil intervención penitenciaria, dada la escasa oferta programática en las áreas de trato, tratamiento y preparación del egreso; condiciones de vida deficientes, lo que ejemplifica con alimentación escasa y de baja calidad, poco acceso a la salud integral, insuficiencia e inadecuación de los espacios para pernoctar y desarrollar actividades programáticas, violencia intra penitenciaria y elevado número de muertes en custodia, entre otras.
A todo ello debe sumarse que la cárcel, además de su probada ineficacia para reducir el delito, es una respuesta costo-ineficiente: su uso desmedido impone una importante carga fiscal a futuro y una diversidad de costos sociales que no suelen evaluarse a la hora de optar por ella, como los derivados de la pérdida de contribuciones que esta población realiza a la economía del país y la pérdida de ingresos de las familias de bajos recursos.
También es necesario considerar el impacto de la privación de libertad en la economía doméstica, ya que el mal funcionamiento de las cárceles exige que las familias deban afrontar la provisión de alimentos, artículos de higiene personal, vestimenta, ropa de cama, medicamentos, entre otros bienes que el Estado no provee o lo hace en forma insuficiente. Por todas las razones expuestas, la constante expansión de la población sujeta a sanciones penales no es sostenible para el Estado ni en términos presupuestales ni en términos de seguridad y convivencia.
En tercer lugar, se plantea promover una discusión amplia, plural e informada sobre la política criminal. Se considera necesario promover una discusión informada sobre los cambios imprescindibles para avanzar hacia una política criminal coherente e integral, para generar la base legal que dé sustento al desarrollo de acciones pertinentes y asertivas para la reducción de la reincidencia y, en consecuencia, a la reducción de la victimización., aunque el vínculo entre estos fenómenos no es directo ni absoluto.
Ello debería incluir, a partir del análisis de la experiencia internacional comparada y las distintas propuestas existentes para las reformas de los códigos Penal y del Proceso Penal, la armonización de las propuestas con base en los estándares internacionales de derechos humanos, los principios constitutivos del Derecho Penal y Procesal Penal y la delimitación conceptual sobre el fin de las penas privativas de libertad y alternativas al encarcelamiento.
En particular, se destaca la necesidad de debatir sobre el rol de la justicia restaurativa en el sistema penal y en todas las etapas del proceso penal, con énfasis en su sentido de responsabilización activa. En forma prioritaria, se deberá promover un proceso de debate al más alto nivel político, con la participación de la academia y de la sociedad civil, para revisar la legislación penal, con la finalidad de armonizarla con los estándares internacionales y revertir el crecimiento del Estado punitivo y la cultura de la penalidad. En particular, deberá promoverse la creación de un nuevo Código Penal.
El cuarto y último punto del documento se refiere a la convivencia democrática, partiendo de la consideración de que tanto en el acceso como en la calidad de las políticas públicas, hay una distribución territorial desigual en el Uruguay. Por otro lado, hay una tendencia al crecimiento de la violencia en todas sus formas, trátese de la institucional, la comunitaria, la basada en género o la intrafamiliar, hacia las personas mayores y los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, ya de por sí muy frágil, la sociedad está, en esta tercera década del siglo XXI, ante la emergencia cada día más presente de la violencia generada por el crecimiento y la penetración de los mercados ilegales.
Las políticas públicas, como expresión operativa de las capacidades estatales –propone– deben centrar sus esfuerzos hacia procesos ordenados y racionales, en tanto muchas veces se superponen varios problemas, respuestas, actores, decisiones e inercias. En consecuencia, se considera relevante reducir la incertidumbre y la ambigüedad de estos procesos, maximizando los esfuerzos en definir el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas desde diferentes niveles y espacios.
En síntesis, pensar en el acceso y en la calidad del derecho a la convivencia democrática como bien común implica una configuración robusta, coherente e interrelacionada de distintas capacidades, así como del conjunto de políticas públicas que de ellas dependen. En esta dirección, solo con un cambio de paradigma que se proponga ser un complejo articulado de capacidades y políticas públicas en los territorios con mayor desigualdad será posible revertir esta realidad.
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