La controvertida y finalmente aprobada Ley de Responsabilidad Penal ha puesto en la consideración nacional una faceta poco desarrollada del pacto social: el derecho a la salud en el ámbito laboral, aportando una toma de conciencia sobre el tema. Si bien en el discurso todos los actores involucrados coinciden sobre la justicia de preservar la salud e integridad física de los trabajadores, solamente algunos esbozaron propositivamente encarar la problemática en forma integral. En una percepción amplia y compleja un abordaje con prescindencia de intereses sectoriales devela algunos componentes:
a) los empresarios podrían muy bien tomar la salud laboral como una ventaja comparativa. Aceptando que toda crisis representa una oportunidad, aquí parece haber una muy clara: competir en términos de calidad implica mano de obra calificada y la salud y seguridad del operario tiene mucho que ver con ello.
b) asimismo, la utilización de las tecnologías actuales en relación al trabajo impone cambios a partir del mayor acceso a las mismas, facilitado por el descenso relativo de sus costos. Su aplicación redunda en mejoras- en productividad y eficiencia- e incluye la superación del esfuerzo físico por destrezas en el manejo de máquinas, herramientas y equipo
c) por su parte los trabajadores pueden seguir aportando a la sinergia de conocimiento horizontal en toda la sociedad sobre este tema desde sus organizaciones con un reconocido poder de convocatoria
b) la incidencia del contexto actual del país y los flujos en la ocupación laboral: es conveniente disponer del uso de los períodos sin actividad para la capacitación a través del instituto del Seguro de Paro. Definir, como contraprestaciones del trabajador a ese beneficio la toma de cursos, direccionados hacia ese objetivo algunos de los ya operativos.
c) la necesidad de involucrar la familia del trabajador en el ejercicio de sus derechos. Promover el conocimiento, apoyo y control familiar sobre la seguridad de sus integrantes apareja resultados en la prevención y cuidado en todos los ámbitos laborales.
d) una puesta al día en el rol de los Entes del Estado involucrados, a saber: Ministerio de Trabajo, Banco de Previsión Social, Ministerio de Salud Pública y el Banco de Seguros.
e) un especial papel a jugar por la educación en todos los ciclos. En particular el Ministerio de Educación y Cultura debe implementar cursos en la nueva Universidad Tecnológica y la Universidad de la Republica, atendiendo la propuesta de Andrade para Arquitectura y otras facultades.
Los preocupados por las consecuencias de la Ley, ante el hecho consumado de su puesta en práctica, en adelante podrían tornarse ocupados; participando en alguno de estos componentes que minimizarán la aplicación y consecuentes efectos penales de la misma. Y los preocupados por la salud laboral también, para que, entre otras cosas, “el trabajo sea salud”.
Por el arquitecto Luis Fabre
La ONDA digital
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