En la noche del 1º de octubre fue asesinado en su domicilio del municipio Libertador de Caracas el joven diputado del PSUV, Robert Serra, junto a su compañera María Herrera. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló que no se trata de un hecho azaroso cometido por la delincuencia común, sino que “estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión”, y acusó a las fuerzas que practican el terrorismo y a los paramilitares.
El presidente Nicolás Maduro señaló que “los elementos de la derecha están en una guerra de varias dimensiones: psicológica, eléctrica, económica, y no ahorran en métodos para tratar de apuñalarnos desde adentro. No tengo dudas que son paramilitares que vienen de Colombia quienes asesoran estos métodos de muerte. Estamos frente a criminales que no han podido dividir a nuestra patria, caotizarla, y que atacan a la juventud socialista y revolucionaria”. El secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el ex presidente de Colombia (1994-1998) Ernesto Samper, catalogó el doble asesinato como “una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano” en Venezuela. Y por ahí aparece, una vez más, la figura del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
Este crimen, que provocó conmoción en Colombia y en el mundo, tiene antecedentes inmediatos y más lejanos en Venezuela, y a la vez implicaciones múltiples en Colombia. Se produce 5 meses después de que el dirigente bolivariano Eliézer Otaiza, formado en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente del Concejo Municipal de Libertador, también fuera encontrado muerto con signos de tortura y varios impactos de bala.
En este caso se contrató para el crimen a una banda de delincuentes del este de Caracas, cuyos miembros han sido casi todos capturados, pero falta el hombre clave, que sabe quién pagó por matarlo y cómo se planificó el asesinato para que apareciera como un hecho del hampa común. Un análisis sobre estos hechos, titulado: “Asesinato de Robert Serra coincide con agenda violenta de la derecha para crear caos”, señala que no se trata de hechos aislados, sino que existen evidencias de “una agenda terrorista planificada por extremistas de derecha para infundir temor en la población y propiciar un ambiente de desestabilización en el país, con el objetivo final de fomentar el caos para tratar de derrocar el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro”.
Y aquí aparece otro elemento fundamental: el propio diputado Robert Serra había denunciado los vínculos de varios representantes de la derecha en planes conspirativos y violentos en el país. Lo hizo en su carácter de diputado en la Asamblea Nacional, cargo para el cual fue electo el 26 de setiembre de 2010, siendo uno de los diputados más jóvenes, habiendo sido además el creador del Movimiento Avanzada Revolucionaria, constituido por jóvenes, desempeñándose además como concejal en el Cabildo Juvenil del municipio Libertador.
El citado ministro Rodríguez Torres unió ambos casos en la categoría de “asesinatos selectivos” incluidos en la nueva etapa de acciones terroristas de la extrema derecha tras el fracaso de las primeras intentonas de su plan de sedición y derrocamiento del gobierno constitucional. En una declaración anterior, el ministro señaló que los actos de terror que se vivieron en el país durante semanas bajo la fachada de acciones de “protesta” eran en realidad acciones insurreccionales que habían ingresado en “una fase de subversión armada”.
El presidente Maduro, que participó en el acto en la Asamblea Nacional y en la capilla ardiente en honor al diputado Robert Serra, recordó en ese sentido que la última implicación de sectores de extrema derecha con acciones terroristas fue comprobada con la detención de Lorent Gómez Saleh, quien “estaba siendo entrenado en Colombia por grupos de Álvaro Uribe Vélez, pero lo agarramos en flagrancia, con videos que demuestra planes para asesinar cuadros diversos de la Revolución”.
Los antecedentes se remontan incluso al caso del fiscal Danilo Anderson, víctima de un atentado terrorista el 18 de noviembre de 2004, tras el estallido de un artefacto explosivo colocado debajo de su vehículo. Se trataba de explosivos especializados, parte de un arsenal de guerra. Las investigaciones de los organismos de seguridad revelaron que el fiscal Anderson fue asesinado por causas políticas, para entorpecer las pesquisas que estaba llevando a cabo sobre el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003, por los que ya habían sido imputadas cerca de 400 personas firmantes del decreto que abolió la democracia en Venezuela durante 48 horas. El presidente Maduro recordó en sus últimas alocuciones que “factores de la derecha están detrás del crimen contra Serra como estuvieron detrás de la muerte de nuestro fiscal Danilo Anderson, hace 10 años, cuyos autores materiales purgan penas en cárceles venezolanas, fueron capturados con las pruebas, pero los autores intelectuales se fugaron todos a Miami, protegidos por Estados Unidos”.
Álvaro Uribe y los paramilitares
Volvamos a la vinculación directa de Álvaro Uribe con las acciones subversivas y criminales en Venezuela. Cuando el ministro Rodríguez Torres señalaba que la derecha había ingresado a una fase de subversión armada, agregaba que uno de los aliados de esos planes era el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, a la vez sindicado como operador del paramilitarismo en su país. Y proporcionaba una serie de datos al respecto.
En los años 80 y comienzos de los 90, Uribe fungía como director de Aeronáutica Civil, alcalde de Medellín y senador, justamente cuando militantes de la Unión Patriótica (UP) fueron víctimas de asesinatos y desplazamientos, en una operación de exterminio masivo promovida por la extrema derecha colombiana. Estas acciones incluyeron el asesinato de dos candidatos presidenciales de la UP: Jaime Pardo Leal en 1987 y Bernardo Jaramillo en 1990. También cayeron víctimas de este operativo 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 5 mil de sus militantes. El ministro exhibió una serie de evidencias sobre los nexos de paramilitares y mercenarios colombianos con las bandas armadas del antichavismo.
Pruebas en videos ofrecen detalles de un plan terrorista que involucra al ya citado activista de la extrema derecha venezolana Lorent Gómez con Uribe, el cual contempla la compra de armas de guerra, la contratación de francotiradores y expertos en explosivos para ejecutar asesinatos selectivos y actos de sabotaje en diversas instituciones públicas y privadas en Venezuela. En los videos, Lorent Gómez manifiesta que contaba con 10 francotiradores a los que se iba a pagar una alta suma en dólares para asesinar personas en Caracas y otros estados. Se refiere asimismo a disparos y detonaciones con explosivos que tendrían lugar en manifestaciones de calle para crear un gran caos y generar un impacto mediático internacional contra el gobierno bolivariano, así como a un plan para asesinar a 20 personas en un lapso de 48 horas.
El ministro Rodríguez Torres considera estos planes como una reedición de las acciones golpistas orquestadas en diversas oportunidades por sectores de la derecha desde el inicio de la Revolución Bolivariana, en particular el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero y los intentos para asesinar a Hugo Chávez. Agrega que la violencia como arma política se repitió desde comienzos de 2014 con las denominadas “guarimbas”, acciones violentas disfrazadas de supuestas manifestaciones pacíficas, que ocasionaron la muerte de 42 personas y más de 800 heridos.
El plan golpista en una nueva fase
Tras el fracaso de estas acciones y la voluntad pacífica del pueblo y el gobierno venezolano, denuncia el ministro que la derecha ha emprendido “una nueva fase de desestabilización subversiva, guerra sucia y terrorismo, apoyada por Estados Unidos y naciones europeas”.
Los nuevos planes fueron trazados entre junio y julio de 2014 en reuniones secretas realizadas en España en las que participaron figuras de la oposición venezolana. Esto fue revelado en sus detalles por el periodista uruguayo Carlos Fazio en una nota publicada en el portal Rebelión de México.
Según dicha información, las acciones violentas se ejecutarían a partir del mes de octubre y plantearían la necesidad de realizar estudios sobre dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del gobierno de Maduro, en particular de reconocidas personalidades artísticas y deportivas, con la finalidad de planificar secuestros y otras formas de violencia que generen terror y caos, alimentando a la vez una campaña sobre la inseguridad en el país. La nueva ofensiva fue orquestada en una serie de conferencias denominadas Campus FAES 2014, celebradas en la localidad madrileña de Guadarrama durante los meses de junio y julio pasados. En estos eventos participaron el diputado de derecha Julio Borges y el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quienes también asistieron a reuniones reservadas con el jefe de gobierno español José María Aznar –quien apoyó el golpe de Estado de 2002- y funcionarios del Servicio de Inteligencia español para recibir “instrucciones concretas sobre los procedimientos tácticos y estratégicos para desencadenar una nueva fase de enfrentamientos callejeros, guerra psicológica, ingobernabilidad y acciones de desgaste del gobierno de Nicolás Maduro”.
Pues bien (y ahora volvemos al tema inicial): tanto Borges como Muchacho habían sido denunciados ante el Ministerio Público por el hoy asesinado diputado Robert Serra, quien en el mes de julio solicitó la investigación de estos actores por traición a la patria, tras presentar pruebas de financiamiento extranjero a sectores de oposición. Esto puede explicar muchas cosas y orientar la investigación en curso. El gobierno asegura que no escatimará esfuerzos para encontrar a los culpables.
Por Niko Schvarz
Periodista y escritor uruguayo
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