La iniciativa de hace pocas semanas, presentada por el presidente Joseph Biden de un Impuesto Mínimo Global avanzó en el G7. Al margen de la opinión que se tenga sobre el organismo, el apoyo acordado a un impuesto mínimo a las multinacionales, significa un impulso a la cooperación interestatal y por ello al multilateralismo. La perspectiva de un acuerdo para el mes que viene en el G-20 afirma el valor de este paso dado. El paso siguiente sería en la OCDE. Si esto culminase en un acuerdo en el ámbito de la ONU se habría avanzado en términos históricos en la regulación multilateral de la globalización económica contemporánea.
Para ilustrar la magnitud del eventual acuerdo sobre este tema resulta impactante manejar algunos números (extraídos de “El Confidencial” del artículo de Vera). Cada año se pierden 400.000 millones de dólares de impuestos que se van por los sumideros de los paraísos fiscales.
Más del 40 por ciento de la inversión mundial se mueve en estos centros claves del capitalismo globalizado. Los usan, junto al secreto bancario y la ridículamente baja tributación, como instrumentos claves de la súper explotación de las sociedades en las que lucran. El 85 por ciento de esta inversión ocurre en solo diez paraísos fiscales, entre islas y Estados europeos como Irlanda , Holanda y Luxemburgo. Solo a este último microestado “pirata”, llega tanta inversión externa directa como a los Estados Unidos. Ejemplo de la vergonzosa forma de uso del secreto bancario y de la alianza de las megacorporaciones y de Estados cómplices.
El cambio que se propone implica que las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas, por ejemplo, pasen a tributar por 
sus beneficios en los paises que las generan. Esto es una revolución. Google hace ya varios años que declaraba para tributar en Irlanda 22 mil millones de euros. En Irlanda hay 4 millones de clientes potenciales. En Alemania, con 18 veces más clientes; declaraba 300 millones de euros. Para terminar con esta monumental estafa se precisa que las corporaciones deban declarar su facturación, la cantidad de clientes, trabajadores, aportes y beneficios e impuestos pagos en cada país.
Junto a esta medida, más relevante aún, es el acuerdo para establecer un impuesto mínimo global, lo que torna inútil al paraíso fiscal (siempre que ese mínimo sea significativo). El valor del mínimo es y será el centro principal de la discusión de esta macro reforma fiscal global. De acuerdo al Observatorio Impositivo Europeo, según Susana Ruiz de OXFAM, solo España recuperaría 700 millones de euros más con un impuesto mínimo global de 15 por ciento. Si este fuese del 21 por ciento, la recaudación superaría los 5400 millones de incremento para el estado español. Si fuera del 25 por ciento el ingreso estatal adicional sería de 12.400 millones de euros.
Los paises de renta media, y sobre todo los paises en desarrollo deberán participar muy activa y decididamente en la discusión de esta reforma. De manera que su diseño final no acabe por terminar beneficiando solo a los paises más poderosos, sedes de las corporaciones y eventualmente a algún paraíso fiscal que se adapte al mínimo que se acuerde. Para ello se debe actuar rápidamente, dejando de lado las políticas neoliberales, instrumentando acuerdos para un diseño inclusivo de la macro reforma. Implica dejar de lado la idea de que esta no podrá prosperar en función del tiempo que lleva proponiéndose sin éxito.
Es la primera vez que Estados Unidos (todavía la primera potencia y economía del mundo) aliado con la Unión Europea y Gran Bretaña incluida la están llevando al G-20. Allí Brasil, México y Argentina deben defender sus intereses nacionales y representar los intereses de Latinoamérica. La macro reforma fiscal debe ser culminada en la ONU con la participación de todos los paises que la integran. Esto debe ser incluido en forma urgente en la agenda política de nuestros países.
Lo que parecía muy difícil de alcanzar, hoy se torna posible. Tanto como el peligro real de un diseño que no contemple los intereses de los paises en desarrollo. Está en manos de los progresistas del continente impulsar su tratamiento aportando para un diseño final inclusivo.
Articulando con rapidez un esfuerzo conjunto que no deje escapar la oportunidad de buscar acuerdos con México y Argentina y tratar de presionar a Brasil en defensa de sus propios sectores e intereses productivos, el mes que viene en el G-20.
La protección de los intereses de nuestros países debería incluir mecanismos fiscales acordados que permitan la retención de gravámenes para impedir que las multinacionales con sede en los paises más poderosos terminen tributando en los mismos paraísos fiscales pero cumpliendo con el mínimo global. Los actores políticos progresistas del continente deben elaborar un diseño que logre que la reforma nos beneficie. El tiempo apremia. Con el diseño armado se deben buscar los acuerdos y las vías político-diplomáticas más rápidas y expeditivas. Es un desafío de imprescindible inmediata ejecución en sus distintas fases.
Por Carlos Pita
Médico, político, ex embajador uruguayo en EE.UU.
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