La ONU planteó al Uruguay que el uso del agua para consumo humano debe estar por encima de sus usos industriales. Con el asesoramiento de un grupo de expertos, se afirma que ante la considerable disminución de la calidad del agua, el gobierno uruguayo instó a la población a comprar embotellado el líquido vital. Un grupo de expertos en derechos humanos advierte que esa medida supone un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano.
El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados.
El gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares, pero no ha aplicado las mismas restricciones a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción.
Los relatores especiales recordaron que si bien los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica 
agravada por periodos sin lluvias anormalmente largos, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
«Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos», recalcaron.
Asimismo, aludieron a las advertencias que han hecho a lo largo de los años de que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaban contaminando ese líquido y causando su escasez en el país.
«El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable«, enfatizaron los expertos.
Subrayaron que el derecho humano al agua implica que ésta sea físicamente accesible, esté libre de contaminantes y sea gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
En este sentido, expresaron especial preocupación por la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua.
Para los especialistas en garantías fundamentales, las empresas, incluidas las empresas estatales, “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento”.
Por su parte, los Estados “tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al asegurar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias», agregaron.
Los relatores especiales señalaron que el gobierno uruguayo ha trabajado para reducir los impuestos al agua. Sin embargo, puntualizaron que lo más importante en este momento es garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida. Los expertos han contactado al gobierno de Uruguay para plantearle estos problemas.
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