El Senador Gustavo Penadés preso y expulsado del parlamento

Reporte parlamentario / «La Cámara de Senadores votó afirmativamente la remoción de la Cámara de Senadores del Senador Gustavo Penadés, en aplicación del inciso 2º del artículo 115 de la Constitución de la República:

“Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes.

Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación. Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias voluntarias”.

Hicieron uso de la palabra los Senadores: Enrique Rubio; Óscar Andrade; José Carlos Mahía; Graciela Bianchi; José Nunes; Sergio Botana; Jorge Gandini; Sebastián Da Silva; Daniel Caggiani; Graciela Barrera; Mario Bergara; Silvia Nane; Sandra Lazo; Rodrigo Blas; José Bayardi; Gloria Rodríguez; Aníbal Pereyra; Sebastián Sabini; Jorge Saravia y la Presidenta Beatriz Argimón».

Historia de caso

El senador integrante del Partido Nacional, Gustavo Penadés, por lo tanto líder parlamentario del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, fue imputado con prisión preventiva como presunto autor de múltiples delitos sexuales al día siguiente del pronunciamiento de la justicia el parlamento votó por unanimidad su expulsión.

Penadés, de 57 años fue procesado por la presunta responsabilidad de 22 delitos sexuales, once por explotación sexual de menores de edad, cuatro de abuso sexual especialmente agravados, tres de abuso sexual agravados, uno de violación, uno de desacato, uno de corrupción de menores y uno de atentado violento al pudor, todo en régimen de reiteración real. La jueza Marcela Vargas ordenó prisión preventiva hasta el 9 de abril de 2024. La fiscal Alicia Ghione, a cargo del caso agrego la necesidad de esta medida en base a «muchísimo riesgo procesal» por «amenazas» y «seguimiento a las víctimas».

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