/ EUU reimplanta la pena de muerte y se propician condiciones inhumanas de detención en las prisiones federales, en cumplimiento de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en su primer día de mandato.
Además, la nueva procuradora general Pam Bondi hará que las prisiones en las que están las 37 personas a las que el anterior gobierno de Joe Biden les conmutó la pena capital “tomen todas las medidas legales y apropiadas para garantizar que estos delincuentes sean encarcelados en condiciones consistentes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que plantean”, en una comunicación a todos los empleados del Departamento de Justicia. También estableció reglamentos por los que, en general, la detención en prisiones federales sea en condiciones inhumanas; aunque la orden no especifica el término, se da por válida la conclusión al leer el reglamento.
Estos son objetivos de esta administración, y el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva el primer día de su mandato. La procuradora general mandó varios memorandos a todos los empleados del Departamento de Justicia, y uno de ellos plantea claramente “Resucitar la pena de muerte federal y levantar la moratoria sobre las ejecuciones federales”. Además, plantea reducir todo lo posible entre el plazo de la sentencia y su ejecución.
Bondi afirmó en su comunicación a todos los funcionarios del Departamento de Justicia que ellos habían descuidado su trabajo al mantener una moratoria sobre las ejecuciones federales vigente desde 2021, que detuvo la ola de ejecuciones lanzada por Trump en su primer mandato. “El liderazgo político del Departamento hizo caso omiso de estas importantes responsabilidades y suplantó la voluntad del pueblo con sus propias creencias personales”, dice el memorando.
Los defensores de la justicia penal y los derechos humanos vienen afirmando desde hace mucho tiempo que las condiciones en muchos centros de detención federales son inhumanas, y este gobierno quiere que sigan así o se agraven, algo que no queda claro.
El mensaje es una instrucción al gobierno federal para que utilice las condiciones de confinamiento como castigo adicional, lo cual es inconstitucional según la prohibición de la Octava Enmienda de castigos crueles e inusuales, según Miriam Gohara, profesora clínica de derecho en la Universidad de Yale y ex defensora pública federal.
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