/ Por primera vez en la historia institucional del país, es el secretario de la Presidencia y no el presidente quien razona y explica lineamientos generales de la acción de gobierno. En una entrevista que publicó el domingo el diario El País, Alejandro Sanchez comienza a desgranar aspectos políticos por lo que el titular llama «estrategia legislativa», siendo que eso le corresponde a la vicepresidenta.
Dice Sanchez que «las leyes de este período, en donde nadie tiene mayoría parlamentaria, saldrán con “acuerdos puntuales” y con distintos legisladores». No recalca que esos acuerdos implican la unidad de los votos del Frente Amplio en cualquier circunstancia, seguramente por innecesario. Dice, sí, que «para cada ley las mayorías van a ser distintas», y que la situación reclamará «mucho diálogo».
Las prioridades definidas surgen de las ya hechas por el FA, particularmente en Colonia: enfrentar la pobreza infantil, la creación de 12.000 puestos de trabajo para jóvenes, duplicar el monto de las becas Butiá y multiplicar por cuatro la cantidad de estudiantes becarios como un estímulo a la permanencia: en el próximo comienzo de clases, ya con un presupuesto propio, se concretará el bono a cada familia para la compra de útiles escolares.
El problema de la seguridad «es el número uno del gobierno», y se lo atacará con represión al delito y también con prevención. «Pero además hay que tener una mirada del problema de la criminalidad que salga de los estereotipos. Porque el problema de las bocas de pasta base en cualquier barrio de Montevideo está asociado con el problema de los cargamentos de droga que salen por el puerto de Montevideo y que quizás esté relacionado con alguien que tiene muchísimo dinero y que genera todo un esquema de lavado de activos para poder darle sustento a todo eso. Y el sistema político tiene que saber que acá se juega una parada gigantesca. Porque si nosotros queremos preservar nuestro modo de vida, nuestro modo de convivencia, tenemos que saber que en esto no podemos errar.»
La relación entre el micro y el macro tráfico no había sido, hasta ahora, un tema de la agenda pública. Y tampoco se había mencionado la relación directa de ambos con el lavado de activos.
Confirmó Sanchez que la agencia antinarcóticos de EEUU, DEA, no se instalará en Uruguay. «No necesariamente tienen que estar acá. No es una cuestión urgente para nosotros». Por qué no es urgente si hace a la seguridad, «problema número uno del gobierno», no lo explica. Dijo sí que se trabajará con DEA y con otras agencias, cuya identidad no especificó.
En cuanto al arbitraje de Ferrocarril Central y la renegociación que plantearon del contrato para la construcción de una nueva planta de agua en Arazatí, sólo se pronunció sobre este último, expresando la voluntad de renegociarlo.
Sobre si se bajará a 60 años la edad jubilatoria, Sanchez expresó que «todos aquellos que necesiten o quieran jubilarse antes, lo tienen que poder hacer. ¿Cuál va a ser el instrumento? ¿De qué manera se va a hacer esto? Es parte de lo que vamos a discutir en el diálogo social».
Recordó Sanchez la definición del presidente Orsi de “necesito tener ya en la mesa cuáles serán la metodología y las bases por las cuales vamos a convocar el diálogo social”. Y agregó: «¿El camino de este gobierno es el diálogo? Sí, pero el diálogo tiene que llegar a un producto. Y a veces el diálogo tiene acuerdos y desacuerdos, pero siempre debe llegar a una conclusión».
En cuanto al rol de las AFAP y la eliminación de su finalidad de lucro, dijo que «está planteado, aunque no en los términos que estaban en el plebiscito. Creemos que hay que discutir algunos incentivos que puede tener el sistema de acumulación y capitalización, para así bajar los niveles de lucro. Va a ser parte obviamente del diálogo social y es lo que está en el programa de Frente Amplio».
Sobre la contrapropuesta de la coalición en la negociación por los cargos en los entes públicos recordó Sanchez que «en Uruguay no hay nada escrito con respecto a la participación de la oposición. Eso es clave: se trata de un acuerdo político. No existe ninguna ley de coparticipación. Y, de hecho, la participación más baja en los momentos que hubo participación ha sido en el último gobierno, que decidió ofrecer en primera instancia 33 lugares al Frente Amplio. Y originalmente ni siquiera estaba nuestra participación en Antel, para poner un ejemplo, o en Colonización. Ahora la oposición pide un conjunto de cargos más de los que nosotros ofrecimos, que fueron los mismos que ellos ofrecieron. Hay un viejo dicho popular que dice: “No pidas lo que no estuviste dispuesto a dar”. Pero nos vamos a poner de acuerdo, porque a nosotros nos interesa que participen y porque está implicada otra cosa que hay que entender bien. El gobierno de Lacalle Pou terminó en la Administración Central, pero continúa en las empresas públicas. Y, por tanto, como parte del acuerdo está la necesidad de votar rápidamente las primeras venias».
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