El caso de las Plazas de Deporte, la participación ciudadana y la gobernanza a través de Consejos Paritarios de Coordinación
Sobre participación ciudadana como derecho fundamental, el Congreso del Frente Amplio resolvió y plasmó en las Bases Programáticas 2025-2030 lo siguiente: “Participación: la participación ciudadana es un derecho humano fundamental que establece la legitimidad de ser parte de la toma de decisiones de los asuntos públicos, a través de formas colectivas e institucionalizadas, más allá de participar en los actos eleccionarios. La participación siempre es política, es para lograr cambios, la participación es sentirse parte de una comunidad o un proyecto, pero también ese participar en la toma de decisiones. La participación ciudadana surge entonces como un gran desafío a profundizar para construir ciudadanía” (pág. 91).
A su vez, la Unidad Temática Deportes propuso unos postulados que fueron aprobados e incluidos en dichas Bases: “5) Fortalecer la organización y el desarrollo del deporte en el territorio con la participación de la sociedad civil en la gestión y su sustentabilidad” (…) 7) Alentar y potenciar con apoyo estatal la autogestión deportiva en todas sus expresiones (clubista, barrial y comunitaria, comisiones de fomento, sindicatos, nodos deportivos, cooperativas, etc.)” (pág. 55).
Por otra parte, se dice que hubo una reunión de la Unidad Temática Deporte del FA con el flamante equipo político de la SND, en la Huella de Seregni, donde se ratificó totalmente la posición oficial del partido de gobierno en estas cuestiones. A partir de esta reunión se inició un proceso que apunta a la actualización, regularización y fortalecimiento de las Comisiones de Apoyo (CA) con el objetivo de profundizar la 
construcción de ciudadanía a nivel territorial, para optimizar el uso y disfrute de las infraestructuras públicas y las propuestas que allí se desarrollan. Esto se estaría trabajando tanto en el terreno de la construcción colectiva, junto a las Comisiones de Apoyo de las Plazas de Deporte, como en relación con otros organismos del Estado (ANEP, INAU, INISA, MDN y MI, entre otros) y con clubes privados.
Las nuevas autoridades de la SND consideran que el equipo político que se ha conformado está muy profesionalizado y que sus diálogos con los cuadros intermedios de la SND arrojan resultados positivos respecto a nuevas modalidades de gestión y “re definición de roles”. Estos cuadros intermedios de la SND, específicamente en el Área Deporte Comunitario, son funcionarios de carrera, que se desempeñan como Directores de Plazas de Deportes o de Departamentos específicos dentro de la estructura de la SND e Inspectores (estos últimos son una especie de mandos volantes que deberían funcionar como nexos de comunicación e interacción entre los organismos territoriales y las autoridades centrales de la SND). Es precisamente entre estos funcionarios que se cuentan los más experimentados con que disponen las autoridades para introducir los cambios imprescindibles en la gestión que, como vimos, están señalados en las Bases Programáticas del Frente Amplio para su profundización.
Ahora bien, es a esos niveles intermedios donde se concentra la mayor experiencia práctica sobre los desafíos que plantea la gestión del deporte comunitario y también las mayores resistencias a los cambios y a la profundización concreta de las medidas tendientes a desarrollar la participación y la creación de ciudadanía.
En otras palabras, entre esos funcionarios calificados (son profesores de educación física) se encuentran, al mismo tiempo, muchas iniciativas proactivas y comprometidas junto a muchos hábitos[i] y resistencias naturalizadas por las conductas burocráticas tan abundantes en la administración de la cosa pública. Hemos oído voces, en determinados cuadros profesionales de la SND, que cuestionan la participación ciudadana en la gestión del deporte comunitario y en especial, a través de las Comisiones de Apoyo de las Plazas de Deporte, inclusive planteando su inconveniencia.
En ese marco, el patrimonialismo, una deformación particularmente multiforme y muchas veces difícil de identificar, es uno de los problemas principales. El patrimonialismo no es un término recogido en los diccionarios pero corriente en las ciencias sociales y particularmente en la psicología del trabajo: consiste en que ciertos funcionarios, públicos o privados, que tienen una parcela de poder decisorio se manejan respecto a la organización y a los servicios en que se desempeñan como si estos, en mayor o menor medida, fueran de su propiedad.
Hacen gauchadas, cosechan beneficios (a veces dinerarios) que generalmente tienen que ver con el “pequeño poder”, el prestigio personal o la posibilidad de dispensar favores, puestos de trabajo, servicios o materiales que en los casos clásicos de clientelismo significan votos, apoyo electoral o respaldo moral (le creo porque es mi amigo) ante delitos inexcusables, encubrimiento y complicidades o acceso a favores sexuales, por ejemplo.
Debe entenderse que los casos más escandalosos, como los recurrentes en los gobiernos departamentales de Artigas, en Soriano, en Lavalleja, en Maldonado, en Colonia, suelen ser los más llamativos. Sin embargo, existe un patrimonialismo menor más disimulado que es el que podemos ver en acción en algunos casos y en algunas Plazas de Deportes. ¿Qué sucede a veces en una Plaza de Deportes donde existe una mecanismo consagrado de cogestión que se denomina Consejo Paritario de Coordinación (CPC)? Si los Directores no tienen una comprensión profunda de la importancia de la participación, de los riesgos del patrimonialismo, el CPC tiende a rutinizarse, las resoluciones que se adopten tienden a incumplirse o a sumirse en la ausencia de controles y seguimiento. Si se banaliza el organismo se pierde una herramienta decisiva, se desalienta a los miembros de la comunidad y el patrimonialismo cobra fuerzas bajo el manto de que “es la forma de ejecutar” porque el intercambio de ideas, las deliberaciones son “una pérdida de tiempo”.
Quienes tienen experiencia en cogobierno universitario saben que cogobierrno, cogobernanza, cogestión, son más allá de ciertas diferencias puntuales términos equiparables porque refieren al asunto crucial que es la toma de decisiones. Saben también que las burocracias clásicas y los gobiernos que compraron el tropo de que la eficiencia es patrimonio de la empresa privada [ii], esgrimen desde hace muchísimo tiempo las mismas falsedades contra el cogobierno. Naturalmente las fuerzas más retardatarias, reaccionarias, son enemigas del cogobierno. Es vergonzoso y lamentable que la UTEC cuente con el mecanismo de gobierno personalista y arbitrario con que cuenta y es más vergonzoso que el obstáculo principal interpuesto para impedir la concreción de una Universidad de la Educación sea el de su cogobierno.
Es alentador que algunos/as directores/as se congratulen por haber participado en una “experiencia de cogobernanza con la comunidad” y la califiquen nítidamente como muy buena. Destacan, por ejemplo, el crecimiento que tuvieron las Plazas así cogobernadas en cuanto a propuestas comunitarias, apropiación del espacio público por la gente, aumento en el número de usuarios, mejora de las instalaciones, y articulación con el municipio, los clubes y otros instituciones de la zona.
Se refieren a esos logros como demostración palpable de la eficacia y eficiencia de la cogestión entre el sector público y la comunidad organizada a través de su asociación civil Comisión de Apoyo. Hay directores que declaran francamente que la participación ciudadana es fundamental y que las Comisiones de Apoyo no solo sirven para administrar los dineros aportados por los usuarios y para entregárselos a las direcciones, para pequeñas reparaciones o necesidades del momento, sino que tienen una función efectivamente paritaria en cuanto a la gestión de la institución. Eso es lo que se ha señalado como la necesidad de apuntar a una participación real en el trabajo conjunto, en forma democrática, transparente y comprometida.
Estas necesidades tienen dos facetas inseparables. Por un lado es preciso capacitar y dotar de metodologías de gestión adecuadas a las Comisiones de Apoyo, cuyos integrantes hacen un trabajo voluntario totalmente honorario pero que necesitan una trasmisión fluida de experiencias e información, un apoyo tecnológico con equipos y lugares de trabajo adecuado y sobre todo con la eliminación de cualquier tipo de asimetría funcional donde los integrantes de la CA son unos pobres diablos que están para decirle que si a unos directores, generalmente voluntariosos y buenas personas, que no tienen claridad en cuanto al carácter fundamental de la participación paritaria de la comunidad. Por lo tanto la otra faceta es la de la formación de quienes les toca dirigir centros recreativos, deportivos y culturales, como lo son las Plazas de Deportes para que esa participación se profundice y no sea percibida como una amenaza a esferas de poder, como una cuestión de fueros, como un cuestionamiento a su autoridad o a su calificación profesional.
Para esto habrá que apelar a la experiencia de todos. Nadie tiene el manual de lo resuelto ni las recetas perfectas. Hay que construir participación y esa es obra estimulante y benéfica para todos los actores.
Por el Lic. Fernando Britos V.
[i]Habitus en el sentido dado por Pierre Bourdieu.
[ii]El llamado “new management” pasó de moda pero no está totalmente enterrado y el viejo aforismo de “separar el timón de los remos” sigue inspirando a muchos sedicentes expertos.
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