El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, eligió el lenguaje de un genocida y ordenó crímenes de guerra masivos en la ocupada franja de Gaza, en respuesta al ataque y masacre de civiles israelíes perpetrados por Hamás. Gallant dijo que había ordenado “un asedio completo de la Franja de Gaza”, donde viven 2,2 millones de palestinos, casi la mitad de ellos niños. “No habrá electricidad, ni comida, ni combustible; todo está cerrado”, afirmó. «Estamos luchando contra los animales humanos y actuamos en consecuencia». La amenaza de Gallant es, entre otras, matar de hambre a dos millones de civiles atrapados.
Gallant no está solo. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró: «es hora de ser cruel», y el miembro de la Knesset, Ariel Kallner, pidió una «Nakba que eclipsará la Nakba de Israel». Una referencia a la masacre y expulsión de más de 750.000 palestinos en 1948 tras la fundación de Israel.
Lo que Gallant ordenó fue el castigo colectivo de una población civil, que –establece la doctrina– equivale a un crimen de guerra según el derecho internacional, así como potencialmente a un crimen contra la humanidad y un crimen de genocidio. La masacre de civiles por parte de Hamas y la toma de al menos 150 rehenes, a quienes supuestamente ha amenazado con ejecutar en respuesta a los ataques contra civiles en Gaza, también son crímenes de guerra.
Los crímenes de Hamás e Israel contra civiles se producen después de muchos años de impunidad por los crímenes de Israel contra los palestinos, y de inacción ante ellos de la comunidad internacional pese a resoluciones ampulosas e incumplidas sin consecuencias de ONU y 
demás. La histórica falta de rendición de cuentas ha generado una cultura de desprecio por el derecho internacional que resultó directamente en la violencia de aquel fin de semana.
«Los asesinatos deliberados de civiles, la toma de rehenes y los castigos colectivos son crímenes atroces que no tienen justificación», dijo en un comunicado Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch. “Los ataques ilegales y la represión sistemática que han afectado a la región durante décadas continuarán mientras no se tengan en cuenta los derechos humanos y la rendición de cuentas”.
A raíz del ataque de Hamas contra Israel el sábado 7, el ejército israelí lanzó una campaña de bombardeos contra Gaza. Las redadas israelíes derribaron edificios residenciales y tuvieron como objetivo un campo de refugiados densamente poblado durante el fin de semana. Los trabajadores humanitarios de la franja también han informado de que los hospitales están completamente abrumados por el número de víctimas y las ambulancias están siendo atacadas. También se espera una invasión terrestre del territorio ocupado en los próximos días.
Los expertos han señalado que la práctica de Israel de “advertir” a los civiles –como el llamado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a los residentes de Gaza a “salir ahora porque actuaremos con fuerza en todas partes”- no es suficiente . No hay ningún lugar donde la gente pueda buscar seguridad en la franja, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, desde que Israel impuso un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo al territorio en 2007, efectivamente atrapándolos.
Los crímenes de guerra son competencia de la Corte Penal Internacional, CPI, que en 2021 abrió una investigación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en los territorios palestinos ocupados. La investigación provocó una feroz oposición por parte de Israel y Estados Unidos –ninguno de los cuales es miembro del tribunal– y en gran medida se ha estancado .
Los defensores de los derechos humanos rápidamente señalaron las palabras de Gallant como una “admisión de intención ” de cometer crímenes, y pidieron al fiscal de la CPI, Karim Khan, que tomara nota. Pero las respuestas de los funcionarios internacionales a sus comentarios fueron en gran medida silenciosas. La administración Biden ha manifestado repetidamente su apoyo a Israel desde el ataque del sábado, y el secretario de Estado, Antony Blinken, prometió el “ enfoque inquebrantable de Estados Unidos en detener los ataques de Hamas”, pero no ofreció ningún comentario inmediato sobre las represalias declaradas por Israel contra los civiles palestinos.
Un portavoz de la oficina de Khan declaró que el mandato de la CPI en Palestina «está en curso y se aplica a los crímenes cometidos en el contexto actual». El portavoz pidió a quienes tengan información relevante para la investigación que la proporcionen a la oficina, pero no hizo comentarios sobre las palabras de Gallant ni sobre las críticas de que el estancamiento de su investigación podría haber contribuido a los crímenes recientes.
Como lo han advertido desde hace tiempo los defensores de los derechos humanos y los expertos en derecho internacional, la impunidad por los crímenes de guerra sólo conduce a más crímenes. El año pasado, cuando Rusia organizó una invasión a gran escala de Ucrania, muchos señalaron la impunidad por los crímenes de guerra que cometió en Siria y otros lugares y argumentaron que la falta de rendición de cuentas permitió directamente que se cometieran crímenes similares en Ucrania. La CPI, por su parte, respondió a los crímenes rusos en Ucrania enviando inmediatamente investigadores allí, lo que llevó a acusaciones que implicaban al liderazgo ruso llegando hasta el presidente Vladimir Putin a principios de este año. Pero no hubo tal respuesta tras los crímenes israelíes en Gaza, incluso después de las campañas militares de 2018, 2021 y 2022 que dejaron cientos de civiles palestinos muertos.
«Si algo hemos aprendido de las escaladas anteriores es que mientras haya impunidad por abusos graves, seguiremos viendo más represión y derramamiento de sangre civil», afirmó Shakir. Por su parte, Human Rights Watch pidió a la CPI “que acelere su investigación sobre crímenes graves cometidos por todas las partes en Palestina”.
Matar de hambre a la población de Gaza solo implica apretar más las medidas israelíes de destrucción del pueblo palestino. La organización Oxfam hace referencia a las condiciones de vida imperantes antes de que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se sincerara.
Gallant no fue el único líder israelí que ejerció la retórica genocida en respuesta al ataque de Hamás: El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, declaró: «Es hora de ser cruel», y el miembro de la Knesset, Ariel Kallner, pidió una «Nakba que eclipsará la Nakba de Israel»., una referencia a la masacre y expulsión de más de 750.000 palestinos tras la fundación de Israel.
Otros observadores denunciaron los esfuerzos de cualquiera de las partes por utilizar los crímenes cometidos por la otra parte como justificación para cometer más crímenes.
“El hecho de que una de las partes en un conflicto no respete las leyes de la guerra no exime a la otra parte de cumplirlas”, señaló Sarah Leah Whitson, directora de Democracia para el Mundo Árabe Ahora.
“Ciertamente Israel no puede pretender tener la ventaja moral. Los ministros del gobierno israelí que ahora llaman a matar, destruir, aplastar e incluso matar de hambre a los residentes de Gaza olvidan que ésta ya es una política israelí”, se hizo eco el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem en una declaración. “Los ataques intencionales contra civiles están prohibidos y son inaceptables. No hay justificación para tales crímenes, ya sea que se cometan como parte de una lucha por liberarse de la opresión o se citen como parte de una guerra contra el terrorismo”. Grupos palestinos e internacionales de derechos humanos también pidieron a las Naciones Unidas que aborden las causas subyacentes detrás de los acontecimientos de este fin de semana.
“Israel tiene un historial horrible de cometer crímenes de guerra con impunidad en guerras anteriores en Gaza”, escribió Amnistía Internacional en un comunicado en el que pedía a los grupos armados palestinos que se abstuvieran de atacar a civiles.
“Las causas profundas de estos ciclos repetidos de violencia deben abordarse con carácter de urgencia. Esto requiere respetar el derecho internacional y poner fin al bloqueo ilegal de 16 años de Israel contra Gaza, y a todos los demás aspectos del sistema de apartheid de Israel impuesto a todos los palestinos”. Los grupos palestinos de derechos humanos se hicieron eco de ese llamado.
“Durante décadas, los palestinos han estado pidiendo a la comunidad internacional que tome medidas concretas y significativas, más allá de declaraciones de condena, para poner fin a estas violaciones”, dijeron Al-Haq, el Centro Al Mezan de Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos. En una carta abierta a las Naciones Unidas el lunes, Human Rights destacó: «La falta de voluntad política de la comunidad internacional para exigir responsabilidades a Israel sólo envalentona a Israel para seguir cometiendo crímenes contra el pueblo palestino en su conjunto».
“Israel tiene un historial horrible de cometer crímenes de guerra con impunidad en guerras anteriores en Gaza”, escribió Amnistía Internacional en un comunicado en el que pedía a los grupos armados palestinos que se abstuvieran de atacar a civiles.
“Las causas profundas de estos ciclos repetidos de violencia deben abordarse con carácter de urgencia. Esto requiere respetar el derecho internacional y poner fin al bloqueo ilegal de 16 años de Israel contra Gaza, y a todos los demás aspectos del sistema de apartheid de Israel impuesto a todos los palestinos”. Los grupos palestinos de derechos humanos se hicieron eco de ese llamado.
El terrorismo no es un derecho. La rebelión ante la opresión es sí un derecho de los pueblos: es la facultad que asiste a todo pueblo para autoprotegerse de la tiranía. Este derecho es más antiguo que la noción del Estado moderno o del Estado de Derecho. Solo unos apuntes de Oxfam para describir la situación actual en Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén Este, donde vive por debajo del umbral de la pobreza casi una cuarta parte de los habitantes del Territorio Palestino Ocupado. Las perspectivas de trabajo y de tener una vida segura y saludable bajo la ocupación israelí son muy limitadas.
El 80% de la población del Territorio Palestino Ocupado depende de la ayuda externa para sobrevivir y casi 2 millones de personas viven atrapadas en Gaza, sin apenas acceso a servicios sociales básicos y oportunidades. Millones de palestinos y palestinas ven negado su derecho a desplazarse y viven separados de sus familias.
El bloqueo ilegal israelí dura ya más de una década. Las consecuencias son enormes: ha devastado la economía de Gaza, causado gran destrucción y aislado a la mayoría de la población del mundo exterior.
Las necesidades humanitarias también son enormes. La población tiene graves dificultades para acceder a agua limpia, alimentos, asistencia médica, educación y materiales para reedificar sus viviendas. Además, el bloqueo impide a la mayor parte abandonar Gaza o comerciar con mercados en Cisjordania o el extranjero, y restringe la entrada de materiales esenciales para la reconstrucción. La gran escasez de combustible ha llevado a cortes de energía de hasta 20 horas, dejando sin electricidad a hospitales, escuelas y pequeñas empresas que luchan por seguir adelante. Los sistemas de agua y saneamiento fallan muy a menudo.
Las principales industrias palestinas han resultado diezmadas y más del 60% de los jóvenes está desempleado: la tasa de desempleo juvenil es la más elevada del mundo. Está en las autoridades israelíes revertir esta situación social y aislarla así del terrorismo; está en la comunidad internacional que lo haga.
(Síganos en Twitter y Facebook)
INGRESE AQUÍ POR MÁS CONTENIDOS EN PORTADA
Las notas aquí firmadas reflejan exclusivamente la opinión de los autores.