/Brecha ha publicado una nota de Humberto Márquez (“Y al CNE rogando”) que me llama la atención por la debilidad de buena parte de los argumentos que menciona, aparentemente, a favor de la tesis de que el gobierno de Venezuela no es democrático y ha trampeado el resultado electoral de las elecciones del mes pasado. No escribo para demostrar que Maduro dirige un gobierno autoritario, o democrático, o dictatorial, ni tampoco para opinar a favor o en contra de la hipótesis de que hubo un gran fraude electoral en las elecciones del mes pasado.
No me sorprenden ni discutiré las opiniones consignados en la nota, porque mi motivo es apenas señalar la fragilidad de los argumentos usados a favor de esas opiniones. Elijo comentar tres ejemplos porque considero que esta muestra es suficiente y porque confío en que muchos lectores podrán ejercitar su capacidad crítica analizando otras de las muchas cosas que la nota le imputa al gobierno de Maduro y me consideraré satisfecho si logro demostrar que los tres críticas elegidos aquí también son aplicables a gobiernos considerados como muy democráticos y ejemplares y alejados de las depravaciones autoritarias que la prensa liberal le adjudica al gobierno venezolano.
Podría ser que Márquez tuviese razón sobre el fraude electoral y también podría ser cierto que el gobierno venezolano no sea democrático sino autoritario, valgan lo que valgan esos términos hoy en día, pero su argumentación es frágil y muy fácil de derribar. Alcanza con unos pocos soplidos.
La primera frase parece muy contundente: “En menos de tres semanas, la represión en Venezuela ha llevado tras las rejas a 1.400 personas”, pero más allá de su giro retórico (casi todas las crisis de este tipo ocurren en menos de tres semanas y a menudo resultan en detenciones masivas) todos sabemos que igualmente podría referirse a lo que ocurrió hace pocos meses en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Francia durante las manifestaciones masivas contra el genocidio cometido por Israel. En cada uno de esos países la policía detuvo a muchos manifestantes en pocas semanas y en Alemania, siempre excedida, el gobierno llegó al colmo de prohibir algunas manifestaciones. Supongo que Márquez no considera que esas detenciones masivas de manifestantes permiten deducir que también esos países europeos tienen gobiernos dictatoriales. Podemos concluir entonces que este primer argumento no es válido, pero no me gustaría pasar al siguiente punto sin antes comentar un aspecto que aunque importante, no es comentado en la nota.
Quizás algunos de los presos durante las protestas en Venezuela no fueron detenidos simplemente por manifestarse contra el fraude electoral sino por actuar violentamente y causar incidentes peligrosos para la población y la policía. Sabemos que la oposición anti-chavista en otras ocasiones ha llegado a herir y asesinar policías durante algunas de sus manifestaciones y el propio Márquez reconoce que en las manifestaciones que él menciona murieron dos policías. El País de España, un periódico que se destaca por su oposición supercrítica, agresiva y radical contra el gobierno de Venezuela, mostró el 30 de julio en su primera página una foto de un manifestante que apunta amenazadoramente con un revólver en una vía pública.
Tal vez Márquez opina que esta persona no debería ser detenida, pero doy por descontado que ningún gobierno dudaría que ese manifestante debería ser desarmado, detenido y juzgado por uno o varios delitos (porte de arma de fuego en la vía pública, por mencionar uno muy universal).
En segundo lugar analizaremos otra de las críticas al gobierno venezolano registradas en la nota publicada por Brecha. Se mencionan varias situaciones conflictivas entre gobernantes y redes sociales y se afirma, por ejemplo, que “Maduro ordenó al órgano estatal de telecomunicaciones cerrar el acceso a la red social X durante una semana”. Creo que con esto se quiere decir que esta medida, como la detención de manifestantes, es algo reprobable e incompatible con un gobierno democrático. Personalmente, no simpatizo con censurar redes sociales, pero opino que también aquí Márquez, como cuando nombra los 1400 detenidos, se equivoca al sugerir que este tipo de medidas demuestra desprecio por las reglas democráticas ya que este tipo de censura también ha ocurrido y sigue ocurriendo en países considerados como democráticos.
De hecho, recientemente varios partidos de distintas orientaciones han propuesto cerrar o bloquear temporalmente TikTok, X y otras redes sociales y los gobiernos de Estados Unidos, Canada, Australia y Francia lo hicieron antes que Venezuela. Cuando lo hizo el gobierno francés, la crítica vino de la ultraderecha (Euractiv 31-05-2023) y hace unos días se informaba (Omni 12-08-2024) que un alto jerarca de la Unión Europea amenazó a Elon Tusk con un cierre temporal de X en toda Europa si seguía permitiendo ”contenido dañino”. De hecho, la Unión Europea ya aprobó una ley para censurar y controlar las redes sociales. Repito que no simpatizo con la idea de censurar periódicos o redes sociales y que elegí comentar este tema sencillamente para demostrar que censurar o cerrar el acceso a una red social no es necesariamente una medida característica de gobiernos “autoritarios”. Visto que cosas de ese tipo ocurren en países considerados democráticos podemos afirmar, lógicamente, que tampoco este segundo argumento demuestra que el gobierno venezolano pretende tomar medidas incompatibles con el accionar de Estados Unidos y Europa.
Con la misma candidez (es decir, sin tener en cuenta lo que sucede a su alrededor en el mundo) Márquez menciona que el gobierno venezolano anunció la pronta votación de una ley contra expresiones consideradas fascistas. Como escribí arriba, no simpatizo con la censura y menciono este asunto solamente para demostrar, por tercera vez, que la argumentación de la nota discutida aquí es muy débil, ya que le achaca al gobierno venezolano cosas que también están haciendo los gobiernos de Estados Unidos y Europa. En estos países se están discutiendo y votando leyes que prohiben expresiones fascistas, o nazistas, o antisionistas, o antisemitas, o machistas y de otras categorías. En Alemania, por ejemplo, los jueces ya consideran adecuado investigar si una persona comete un crimen (crimen de odio, penado por la ley) cuando pronuncia, en un espacio público y en territorio alemán esta frase, dicha en inglés: “From the river to the sea”. Obviamente tampoco este argumento resiste un soplido.
Si uno leyese que el gobierno X ha impuesto leyes que prohiben a los civiles amenazar a otras personas con armas de fuego o atacar a la policía, ha detenido muchos manifestantes, ha censurado redes sociales y ha prohibido publicar o decir en público ciertas palabras, no podría saber, a partir de esa información, si ese gobierno es el de Australia, China, Alemania, Rusia, Francia, Venezuela o Estados Unidos.
Así que ya ven: he derribado con apenas tres soplidos tres de los muchos argumentos que Márquez apila ansiosamente en su texto sobre la denuncia de fraude electoral y autoritarismo en Venezuela y al igual que en muchas otras situaciones, resulta que acumular varios argumentos débiles no permite construir una argumentación sólida y que en este caso, acusar a Maduro de haber hecho lo mismo que hicieron sus colegas Macron, Biden, Putin y Scholz no me parece una idea inteligente.
Por Rafael Cantera
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