/ Los ahogamientos son la principal causa de muerte por lesiones no intencionales en niños de uno a cuatro años y la segunda para niños mayores a cinco años (la primera causa en este grupo de edades son las lesiones en siniestros de tránsito).
Muchos de esos trágicos sucesos se producen en el mar, en ríos y arroyos y en piscinas privadas. En las piscinas públicas existen, en términos generales, normas (carné de salud, certificados de aptitud, señalética adecuada, organización de los servicios); procedimientos ante emergencias y control de las instalaciones (saber que hacer y como hacerlo, prevención, mantenimiento de los equipos y de las instalaciones); personal capacitado y equipos para cuidar la vida de los usuarios y especialmente la de los niños (preparación pedagógica, entrenamiento de primeros auxilios y capacitación continua en RCP, enfermerías, desfibriladores, etc.).
Sin embargo, las piscinas y particularmente las piscinas cerradas y climatizadas son estructuras complejas donde los riesgos, aunque vigilados, no solamente comprenden al ahogamiento sino traumatismos debidos a golpes y caídas, afecciones psicofísicas (convulsiones, fallas cardíacas u otros episodios imprevistos). Por esta razón, los niños y jóvenes hacen un aprendizaje fundamental en vestuarios y piscinas para poder disfrutar al máximo de los servicios que se prestan cuidando al mismo tiempo su integridad y aprendiendo no solamente a nadar sino a actuar en forma colectiva en un medio bastante ajeno a los bípedos terrestres.
Sin ánimo de simplificar el tema, existen riesgos visibles e invisibles, detectados y no detectados, previsibles e imprevistos. La historia cotidiana indica que los accidentes en piscinas afortunadamente no son frecuentes cuando se producen dejan en evidencia alguna falla importante, ya sea en la organización del funcionamiento como en la prevención y de este último factor abundaremos.
Recordemos que en noviembre del año pasado murió Robinson Cardozo, electrocutado en una piscina privada en Punta Colorada. Cardozo formaba parte de una cuadrilla, todos soldados del Batallón de Infantería Nº2 (Km. 14 del Camino a Maldonado). Aunque la explicación oficial fue que el soldado había abandonado el cuartel sin permiso para ir a trabajar, ha quedado flotando la duda sobre lo que El Observador publicó en el año 2022, de acuerdo con la denuncia del Teniente Nelson Duarte, en el sentido de que el Ejército enviaba soldados a instalar piscinas de la firma Akesse, entre los años 1997 y 2016, sin que mediara ningún tipo de convenio o contrato y que los pagos los recibían oficiales sin documentación alguna.
La piscina de la Escuela Militar (radicada en Toledo) o mejor dicho su organización, se cobró una vida el 2 de setiembre de 2009. En esa fecha, el alférez Carlos Rafael Olivera, de 25 años de edad, perdió la vida durante un curso de comando. En la piscina, con equipo completo, Olivera fue hostigado por dos instructores quienes lo empujaron una y otra vez hacia el fondo. Según declararon otros compañeros de ese curso Olivera ya había sufrido cansancio y hostigamientos anteriores por lo que tuvo que descansar por diez minutos escupiendo agua repetidamente hasta que falleció.
La causa determinante de la muerte fue “ahogamiento o sumersión con inundación de las vías respiratorias, lo cual provoca asfixia e insuficiencia cardíaca”. El día de la prueba, Olivera llegó a la Escuela Militar -como todos sus compañeros – sin desayunar y con un descanso de 6 horas. Durante las investigaciones judiciales quedó probado que la asistencia médica recibida por Olivera fue insuficiente, no había ambulancia ni elementos para recuperar de un paro cardio-respiratorio. Se demoró más de 30 minutos en trasladarlo para ser atendido por un médico.
Según narraron sus padres en una nota en el diario El Pueblo de Salto de 2012, Olivera estaba nervioso por la prueba. Residía en Minas junto a su esposa y revistaba en el Batallón 11. Tenía miedo de lo que podría pasar.
Su sueño era ir a una misión de paz de Naciones Unidas y reunir dinero para comprarle una vivienda a sus familiares
En el ámbito penal la causa tuvo consecuencias: los oficiales instructores fueron destituidos y procesados por homicidio culposo en el Juzgado de Pando, y se les ordenó prisión domiciliaria. El caso llevó al presidente Tabaré Vázquez a ordenar al Ministerio de Defensa la eliminación de actos violentos en los cursos del Ejército. El juez letrado de lo Contencioso, Pablo Eguren, estimó el daño para la familia de Olivera en 200.000 dólares, incluidos intereses y el valor de una vivienda para la esposa del militar.
La justicia había comprobado que Carlos Olivera fue obligado a permanecer bajo el agua más de la cuenta y que la atención médica demoró 30 minutos. Varios alumnos no soportaron las “prácticas ilícitas” de los instructores y abandonaron el curso de comando. Los padres de Olivera recibieron 80.000 dólares, tres hermanas del fallecido cobraron un total de 45.000 dólares, en tanto su pareja recibió 57.000 dolares.
El juez Eguren hizo lugar al reclamo de vivienda, y de daño emergente presentados por la viuda. El juicio civil empezó en 2013 con una demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio de Defensa, al entender que hubo responsabilidad del Estado en su muerte. También reclamaron daño moral, lucro cesante y pre muerte sufrida por la víctima. Los familiares pedían una indemnización de $ 733.000 dólares. Defensa argumentó a su favor que Olivera “conocía los riesgos de la actividad y de la función militar”. Sin que mediara un juicio, el ministerio otorgó a la viuda una pensión equivalente a la retribución del grado de capitán que supera en mucho el salario que percibía la víctima en vida pero a cambio planteó a la justicia que la familia Olivera debía retirar la demanda por daño moral, daños materiales y lucro cesante.
También hubo accidentes originados en piscinas que afortunadamente no produjeron sino daños materiales importantes. En noviembre del año 2019, en la piscina del domicilio de un conocido odontólogo de la ciudad de Artigas (Pte. Baldomir esq. Mauro García Da Rosa) explotó la caldera utilizada para calentar el agua. El tanque voló a 100 metros y causo grave daño en una vivienda mientras que la tapa produjo destrozos en otra. El propietario de la piscina se hizo cargo de todas las reparaciones.
Semejante falla de mantenimiento, porque como es sabido las calderas requieren una atención técnica permanente, podría haber causado no una sino varias muertes. La suerte corrió a favor de los artiguenses.
Ahora vamos a otra verdadera tragedia. El mes que viene se cumplirán 28 años de la misma. El viernes 16 de mayo de 1997, en la Unidad Portones de la Asociación Cristiana de Jóvenes, a las 19 y 35, explotó y cayó un ducto de inyección de aire que corría por el techo encima de la piscina. Una niña de 12 años murió y varios niños resultaron heridos de consideración. Naturalmente la muerte en una piscina pública, manejada por una institución privada de larga experiencia, reclama tanta o más atención que otros trágicos accidentes, como el ocurrido en enero del año 2010, cuando un niño de tres años falleció ahogado cuando por descuido cayó a la piscina de su casa.
De este modo llegamos a un caso concreto, actual con un grave riesgo potencial que viene siendo advertido hace más de un año sin que las autoridades responsables hayan dado una respuesta. Se trata del riesgo de desplome del techo de la piscina de la Plaza de Deportes Nº 7 (Paso Molino), tal vez la más importante del país en cuanto a sus dimensiones, a la calidad de sus servicios y a su rica historia más que centenaria en una inmensa zona Oeste de Montevideo.
Antes de ver los hechos es necesario contextualizar la información, precisamente porque las Plazas de Deporte, especialmente en Montevideo, a pesar de su gran popularidad y del cariño que le profesan sus usuarios y quienes viven, trabajan o estudian en sus zonas de influencia, son “los parientes pobres” del deporte, la recreación y el bienestar comunitario.
Algunas cifras ayudarán a ubicar “la Plaza 7” nombre que condensa el de Centro Recreativo, Deportivo y Cultural, ubicado en la Plaza Melchor Pacheco y Obes. A mediados de este año la Plaza cumplirá 107 años, pues data de 1918. Como es de imaginar es el fruto de muchas generaciones de vecinos y amigos del Oeste de Montevideo y de profesores de educación física. Son incontables los trabajadores, músicos, profesionales, artesanos, artistas, comerciantes, técnicos que en su infancia y juventud fueron asiduos de la Plaza. Basta nombrar a un niño de La Teja que devendría en el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez que siempre recordó con cariño años asiduos en su juventud.
Si bien el parque en que se ubican las instalaciones de la Plaza es municipal ha sido cedido a la Secretaría Nacional del Deporte (SND), heredera de la antigua Comisión Nacional de Educación Física, que gestiona las instalaciones. Entre otras se cuenta con dos gimnasios, 450 y 200 m2, una piscina climatizada (desde el año 2014), vestuarios y baños, oficinas, depósitos, una importante sala de máquinas, recepción, sala de espera, salón para reuniones, enfermería, biblioteca infantil y juvenil y varias canchas exteriores. Se estima que unas mil personas por día concurren a la Plaza de lunes a sábados en un amplio horario que se extiende hasta las 22 hs.
La gama de actividades a las que acceden los usuarios es impresionante. A saber: Enseñanza de Natación; Hidrogimnasia; Hidroterapia; Gimnasia en Tierra; Deportes (basquetbol, newcom, fútbol); Entrenamiento Funcional; Ciclismo indoor; Yoga; Ritmos y desde luego Pileta Libre. En cuanto a los usuarios existe un número de aproximadamente dos mil que se inscriben on line a través de un sistema centralizado de la SND y efectúan un aporte de $ 1.400 por mes (aproximadamente la tercera parte o menos de lo que perciben clubes privados por servicios similares). Naturalmente existe un generoso sistema de becas y unos mil quinientos a mil setecientos usuarios que se incorporan mediante convenios con la Intendencia Municipal de Montevideo (discapacitados, adultos mayores), con el Municipio A (becas a vecinos) y muy especialmente los convenios con la ANEP que permiten el acceso regular de más de 900 escolares de más de 30 escuelas montevideanas.
Para atender a esos servicios a la comunidad, la Plaza de Deportes Nº7 cuenta con dos rasgos muy importantes que deben ser explicados. En primer lugar un equipo de personal docente y no docente altamente calificado. En términos generales son cerca de un centenar de funcionarios, una tercera parte de los cuales son funcionarios públicos pertenecientes a la SND y dos terceras partes que son funcionarios contratados por la Comisión de Apoyo (CA), una entidad con personería jurídica integrada, en forma honoraria, por usuarios y amigos de la Plaza. De este modo, una Inspectora y tres Directoras/es son quienes dirigen desde el punto de vista técnico las actividades, capacitan y supervisan al personal junto con una parte de los docentes, son funcionarios de la SND. En tanto la totalidad de los no docentes (recepcionistas, administrativos, vestuaristas, personal de mantenimiento y servicios generales) y unos cuantos docentes son contratados por la CA.
La segunda característica es el tipo de gobernanza basada en un organismo integrado por funcionarios públicos (SND) y por representantes de la comunidad (CA), se trata del Consejo Paritario de Coordinación (CPC), establecido en el 2018 mediante un convenio entre ambas partes que se renueva automáticamente desde entonces. Como dice su nombre es un órgano ejecutivo (consejo), integrado por dos partes en igual condición (paritario) para hacer en conjunto (en coordinación). Este organismo ha probado ser sumamente eficaz para resolver todos los asuntos con total transparencia, cosa muy importante porque el principal cometido de la Comisión de Apoyo es administrar los recursos aportados por los usuarios, es decir la comunidad. Recursos sin los cuales la Plaza no podría existir.
Este último fenómeno y el hecho de que la CA es una entidad con personería jurídica (no es una dependencia de nadie y menos de la SND) que elige democráticamente sus autoridades y asume honorariamente y con el mayor profesionalismo su cometido de administrar los recursos esenciales. A esto se une una capacidad más o menos novedosa que es la participación de una entidad que representa a la comunidad organizada en la cogestión de una institución compleja como una gran Plaza de Deportes. A muchos funcionarios públicos de carrera les cuesta entender esta peculiaridad, en el sentido de que una Comisión de Apoyo no es una dependencia destinada a decirle que si a sus ocurrencias o deseos más allá de su pertinencia. Sin embargo, parecería que muchos deberán acostumbrarse a este tipo de respetuosa colaboración entre funcionarios públicos y representantes de la comunidad organizada.
Esto se verá enseguida cuando detallemos el grave riesgo que se corre en la Plaza de Deportes Nº7. El techo de la piscina, que como se ha dicho se instaló en el año 2014, es de isopanel, sistema bastante común y con buenos resultados para este tipo de instalaciones. Hace poco más de un año se percibió, desde el interior, una combadura en algunos de los paneles y la entrada de aguas lluvias. La inspección regular del techo para limpieza de desagues había detectado desplazamientos y pliegues en la chapa superior de algunos paneles, sobre todo en el lado Este del techo.
Apenas comprobados estos hechos, los Directores y el CPC procedieron a llamar la atención a las autoridades de la SND. Se realizaron varios peritajes técnicos, por parte de un arquitecto de la SND, por parte de la empresa fabricante de los isopaneles, por parte de arquitectos contratados por el CPC (incluyendo un estudio termográfico). Todos coincidieron en la necesidad de reemplazar la totalidad del techo de la piscina porque estructuralmente no es posible hacer una sustitución parcial de los paneles deteriorados.
Tenemos entendido que en octubre del año pasado representantes de la CA y del CPC fueron recibidos (después de muchos pedidos) por el Coordinador de Deporte Comunitario, a quien corresponden las Plazas de Deporte, donde se reiteró la gravedad de los daños, la necesidad de emprender una reparación integral y un presupuesto tentativo para dicha reparación que según los técnicos consultados oscilaría entre los 130.000 y 150.000 dólares. Hay que aclarar que pese a las numerosas solicitudes de la CA, sus delegados nunca fueron recibidos por el Sr. Bauzá. Según dicen el Coordinador de Deporte Comunitario se limitó a decir que no había dinero para esa obra.
Ante los hechos, el CPC resolvió instalar un andamio tubular para evitar un desplome que se veía inminente. Esto se llevó a cabo en octubre o noviembre del año pasado. El andamio se mantiene, el techo está cada vez más combado y ahora el asunto está en manos de las nuevas autoridades de la SND. Veremos que hacen con esta “herencia” pero sobre todo si son capaces de cambiar la tónica de la gestión anterior y su desidia e indiferencia para ocuparse en serio de este riesgo mortal. Ojalá que no tengamos que lamentar una desgracia para que este asunto se encamine a una urgente e imprescindible solución.
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