Brasil necesita un pacto que posibilite que el tipo de cambio fluctúe alrededor del equilibrio competitivo y termine con la desindustrialización del país. La economía brasileña está semi estancada si la analizamos a largo plazo. Desde 1980, el crecimiento per cápita es inferior al 1%, contra el 4,1%, entre 1950 y 1979. A corto plazo, existe también una crisis porque en 2014 no hubo crecimiento y hoy el país está entrando en recesión.
No debemos, sin embargo, exagerar la dimensión de la crisis económica de corto plazo. El desempeño del gobierno de Dilma, finalmente, fue similar al del gobierno de FHC, y el de Lula sólo fue mejor porque se benefició de un boom de las commodities.
La crisis política que el gobierno de Dilma enfrenta en este comienzo de su segundo mandato es grave. No es una crisis de Estado, cuyas instituciones están fuertes, sino de gobierno, porque, más allá de haber perdido apoyo en la sociedad civil – donde los ricos tienen más peso -, perdió popularidad.
Los errores económicos y políticos cometidos por la presidente, sumados a la brusca caída en el precio de las commodities, contribuyen a explicar su pérdida de popularidad.
La explicación fundamental, sin embargo, está en la hegemonía ideológica del conservadurismo liberal, que da a la crisis económica de corto plazo una dimensión que no tiene, que acusa a la presidente de «malversación» electoral porque ella está haciendo lo que tiene que hacer y procura vincularla al escándalo de la Petrobras sin ningún fundamento.
Felizmente, la democracia está consolidada en Brasil. Son las instituciones del Estado brasileño las que están corriendo el velo y procesando los escándalos que se suceden. El último de los cuales – y por lejos, el más costoso para la nación -, la pandilla descubierta en el IRS, viene de lejos y no involucra a políticos, sólo a empresas y funcionarios.
Como ya lo informó Elio Gaspari en esta Folha, durante el período de Guido Mantega en el Ministerio de Hacienda los acuerdos fraudulentos entre empresas y funcionarios «fueron combatidos y gente confiable estima que, si el índice de infracciones era del 70%, hoy estaría en un 30%».
¿Qué hacer frente a esta crisis política? ¿Continuar dando énfasis a la falta de control por parte del gobierno sobre su base aliada, principalmente el PMDB? ¿Para qué? ¿Para confirmar que el gobierno tiene una gran dificultad para gobernar? ¿Continuar promoviendo manifestaciones callejeras para mostrar la indignación contra la corrupción? ¿Para mostrar la falta de apoyo al gobierno? ¿Para gritar «fuera Dilma»?
Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Un golpe de Estado? ¿Para obligar a Dilma a traicionar sus principios y someterse a la política liberal y dependiente que la oposición defiende? Está claro que la presidente tiene limitaciones y que cometió errores, pero es una mujer valiente y dotada de un fuerte espíritu público, que no traiciona sus principios.
Es obvio que no es por ahí que se enfrentará y que se resolverá la crisis política actual, que torna inviable al gobierno y perjudica al país. Dado que la democracia está consolidada en Brasil, y si no sucede nada, tendremos cuatro años de poco gobierno.
La prioridad, hoy, es resolver la crisis económica de corto plazo, pero el ajuste fiscal que se impone ya se está haciendo. A pesar de esto, no nos engañemos, el ajuste no resolverá el semi estancamiento de largo plazo.
Para superarla Brasil necesita un pacto político que sea crítico con la alta preferencia por el consumo inmediato y que haga que el tipo de cambio pase a fluctuar alrededor del equilibrio competitivo, eliminando la gran desventaja que está desindustrializando al país.
Esto significa que el pacto no debe dar la victoria al liberalismo dependiente de derecha, que es, por definición, incapaz de resolver este problema estructural, ni insistir en un desarrollo de izquierda con aversión a las ganancias de las empresas, que también fracasó en lograr una reactivación del desarrollo.
Este gran acuerdo político debe ser desarrollista porque es defensor de una inserción competitiva en la economía mundial, y no de una inserción subordinada. Debe ser de centro, en vez de derecha o de izquierda, porque no debe dar preferencia ni a los trabajadores ni a los empresarios.
Debe tener como precepto el rechazo al populismo del tipo de cambio, lo que caracteriza la política económica brasileña desde 1994. Debe ser un acuerdo que garantice el tipo de cambio y las ganancias satisfactorias para los empresarios, empleo y salarios aumentando con la productividad para los trabajadores, y tasas de interés internacionales para los rentistas.
Luiz Carlos Bresser-Pereira
Traducido para LA ONDA digital por Cristina Iriarte
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