Las potencias occidentales solo protegerán la recuperación multimillonaria de la posguerra de Ucrania si acuerdan una estrategia unificada para condicionar la ayuda a un progreso claro en la lucha contra la corrupción judicial, restableciendo la obligación de los funcionarios públicos ucranianos de declarar activos y asegurando que todos los hallazgos de recuperación puedan rastrearse digitalmente, según un informe del German Marshall Fund.
Las propuestas del grupo de expertos de EE. UU., que coinciden con las llamadas de la sociedad civil ucraniana y los embajadores del G7 en Ucrania, reflejan la preocupación de que los donantes aún no han elaborado una estrategia para garantizar cómo se pueden monitorear los fondos de recuperación en un país que ha avanzado desde 2014 sobre el campo de maniobras de los oligarcas, pero todavía tiene muchas instituciones sin reformar.
El informe, publicado antes de que se lleve a cabo en Londres la conferencia de recuperación de Ucrania dirigida por el gobierno del Reino Unido, argumenta que Ucrania está librando una guerra en dos frentes para derrotar a Rusia e incorporar permanentemente el estado de derecho. Los miembros de la sociedad civil ucraniana sienten que han sido dejados de lado en la conferencia, que estará dominada por el sector privado y los políticos internacionales.
“Los oligarcas ucranianos están esperando su momento hasta después de la guerra para reafirmar su influencia”, dice el informe, escrito en parte por ex funcionarios estadounidenses involucrados en la reforma anticorrupción de Ucrania. “Frente a esas realidades, continuar con el desarraigo de la oligarquía, una parte fundamental para ganar la guerra, reconstruir el país y prepararse para el ingreso a la UE, requerirá un fuerte apoyo interno y externo. Más allá del poder ejecutivo, el parlamento y el poder judicial siguen penetrados por intereses privados poderosos, que no rinden cuentas y oscuros”.
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